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Cinco investigados por uso y comercialización de equipos de diagnosis pirateados

Por C de Comunicación

La Comisión Antipiratería Para el Automóvil (CAPA) ha dado a conocer nuevos casos de talleres que hacían uso de equipos de diagnosis pirateados en las ciudades de Oviedo y Huelva.

Los Juzgados de Instrucción número 1 de ambas ciudades han apreciado recientemente que existen indicios de criminalidad en la conducta de cinco investigados por la comisión de sendos delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, al ofertar, comercializar y utilizar equipos de diagnosis falsificados y softwares pirateados.

La investigación de Oviedo comenzó en agosto de 2011 tras la denuncia presentada contra los responsables de una red de distribución de programas Autodata plagiados. Cerrado el período de instrucción, los Jueces dan traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, representada por CAPA, para que formulen el correspondiente escrito de acusación. Por ello, la Comisión impulsada por ANCERA ha anunciado que formalizará en los próximos días su acusación contra los responsables de los hechos denunciados y que pedirá la máxima pena por tratarse de un delito que pone en riesgo la seguridad tanto de las personas que van en el vehículo como las que circulan a su alrededor. En la resolución, el juzgado de Oviedo ha destacado el carácter lucrativo del fraude debido a que el volumen de negocio generado por los investigados supera los 100.000 euros.

En el segundo caso, la causa fue denunciada por CAPA en julio del 2015 contra los responsables de un taller de Huelva. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y Nuevas Tecnologías de la Policía Nacional intervino un equipo de diagnosis Delphi pirateado y encontró encendido y ejecutándose un programa Autodata pirata. Las denuncias motivaron la incoación de las correspondientes diligencias previas ante los indicados Juzgados Instructores que, una vez terminada la fase de investigación judicial durante el pasado mes de febrero, han considerado que hay suficientes pruebas para pensar que se han podido cometer delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual.

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