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Una nueva Ley de Responsabilidad Ambiental entra en vigor para las empresas

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, celebrado el pasado 5 de junio, la empresa líder en servicios técnicos, de seguridad y certificación a nivel mundial TÜV Rheinland informa sobre cómo las compañías tienen que adaptarse a las medidas ecoeficientes que presenta esta nueva Ley de Responsabilidad Ambiental.

Gracias a la toma de consciencia social sobre el impacto humano sobre el planeta, la conducta de las entidades y de los individuos ha desarrollado un sentido de responsabilidad para conservación y mejora del medio.

La Ley de Responsabilidad Ambiental entró en vigor en 2007 y ha sido adoptada por países que respaldan legalmente el desarrollo sostenible. Así, esta ley “obliga” a los operadores a aplicar las medidas de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales. El responsable de aquellas actividades económicas dañinas deberá asumir la totalidad de los costes de prevención, evitación o reparación utilizados.

En el 2018 se aprobó la modificación de esta ley con la Orden APM/1040/2017, que exige a las empresas una garantía de financiación que recoja y justifique cómo pueden pagar las posibles sanciones por dañar el entorno. Estas multas pueden ir desde los 10.001 hasta los dos millones de euros, y en los casos más graves, las empresas podrían llegar a perder las autorizaciones para operar.

Sin embargo, la nueva medida aplicada es más estrictica para aquellas empresas clasificadas como prioridad 1 y 2. Las primeras incluyen instalaciones de combustión con una potencia superior a 50MW, o aquellas instalaciones para valorizar o eliminar residuos peligrosos, tuvieron hasta el 1 de noviembre de 2018 para presentar la garantía financiera correspondiente.

Sin embargo, las empresas pertenecientes a la segunda categoría tienen de plazo hasta el 1 de noviembre de este año. Éstas pueden ser las coquerías, refino de petróleo, fabricación de sales mediante transformación química o fabricación de explosivos entre otros.

Tanto las empresas públicas como privadas deben realizar un Análisis de Riesgos Medioambientales y garantizarlo a través de un verificador acreditado si quieren evitar las sanciones. Si la cuantía resultante es menos de 300.000 euros, el operador no tiene nada que hacer. Si la cuantía oscila entre 300.000 y dos millones de euros dependerá de si dispone o no de una certificación ISO 14.000. Sin embargo, si es superior a dos millones de euros, debe suscribir una Garantía Financiera por el importe resultante de dicho examen.

Para todo este proceso es necesario un aval de una entidad independiente, como es el caso de TÜV Rheinland, que ayuda a las empresas en su compromiso medioambiental, midiendo, certificando y proporcionando asistencia técnica sobre las emisiones y la implementación de las obligaciones de acuerdo a la regulación en vigor.

 

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