La Comisión Antipiratería para el Automóvil (CAPA) echa la vista atrás para comprobar cuáles han sido y cómo han afectado al sector las principales líneas de actuación llevadas a cabo por la entidad durante el último año. Los responsables de la Comisión, creada por ANCERA en 2011, han considerado 2017 como “un año de notables avances en la defensa de la propiedad industrial e intelectual de los fabricantes de equipos de diagnosis y software de información técnica en el sector de la posventa”.
Su día a día -dicen- se ha centrado en encontrar y suprimir anuncios de producto no legal en medios online, logrando borrar hasta 15.584 ofertas de este tipo. Sin embargo, su trabajo ha ido un paso más allá durante los últimos doce meses, acometiendo actuaciones judiciales con aquellos que comercializan o hacen uso de equipos de diagnosis piratas. Aunque el proceso es lento, CAPA continúa denunciando estas prácticas ilegales y, en la actualidad, cuenta con diversos expedientes en manos de la justicia que avanzan poco a poco. Destacan la apertura de juicio oral en el caso de Oviedo y el nuevo escrito de acusación en Azpeitia (Guipúzcoa).
Oviedo
En el primero de ellos, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Oviedo ha apreciado indicios de criminalidad en la conducta del responsable de una página web a través de la cual se comercializaban programas Autodata, decretando en consecuencia la apertura de juicio oral por un presunto delito contra la propiedad industrial e intelectual. Desde CAPA recuerdan que la denuncia se fundamenta sobre las diferentes investigaciones que hizo la propia Comisión en colaboración con el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias. Tras entrar en el domicilio del investigado, los agentes se incautaron de 316 CDs y DVDs, así como ordenadores portátiles, discos duros externos y documentación contable. Presuntamente, el investigado habría vendido software falsificado a numerosos particulares y talleres, obteniendo importantes beneficios de su comercialización. El Ministerio Fiscal solicitó al juez una pena de un año de prisión, 15 meses de multa e inhabilitación especial para el investigado.
Azpeitia
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Azpeitia también ha apreciado recientemente indicios de criminalidad en la conducta de un investigado por un delito contra la propiedad industrial e intelectua. El juez ha trasladado a las partes implicadas y a la fiscalía para que puedan presenta las conclusiones provisionales. La causa deriva de una denuncia formulada por CAPA en julio de 2014 tras la detección de un equipo de diagnosis Autocom falsificado en un taller de la citada localidad. Realizadas las investigaciones oportunas, y coordinado el operativo policial con la Guardia Civil de Gipuzkoa, se intervino otro equipo Autocom, así como tres CDs con software pirateado. CAPA ha presentado escrito de acusación contra el investigado, pidiendo dos años de prisión y multa de 24 meses de inhabilitación. Actualmente la Comisión se mantiene a la espera del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.
