El pasado 1 de febrero, la Comisión Europea comenzó el registro de las importaciones de neumáticos nuevos y recauchutados para camión y autobús con índice de carga superior a 121 llegados al Viejo Continente desde China.
En base al Reglamento 2018/163, la Comisión Europea ha empezado a realizar estos registros, instando a las aduanas a adoptar las medidas necesarias para que, en un futuro, se puedan justificar medidas contra dichas importaciones a partir de la fecha de registro.
“Las importaciones del producto afectado deben someterse a registro para garantizar que, en caso de que la investigación dé lugar a resultados que lleven a imponer derechos antidumping y/o derechos compensatorios, estos puedan recaudarse retroactivamente sobre las importaciones registradas”, han explicado desde la Organización Profesional de Especialistas del Neumático (OPEN) en un comunicado de prensa.
Además, según la patronal, la Comisión tiene pruebas suficiens de dumping y, por ello, puso en marcha este procedimiento durante el mes de agosto de 2017, iniciado tras la denuncia de la Coalición Contra Importaciones Desleales de Neumáticos, -organización europea similar a la constituida por OPEN con CAPA Neumáticos-, en nombre del 45 % de la producción de estos neumáticos a nivel europeo.
La Comisión Europea argumenta que, comparando valores de ventas normales y sujetas a estas prácticas, en el 74% de los casos se mostraba que los exportadores practicaban dumping. Estas prácticas han supuesto un perjuicio “difícilmente reparable” para la Comisión sobrevenido por las importaciones masivas de neumáticos subvencionados en un espacio de tiempo muy corto. Así, según la Comisión, los exportadores chinos casi han duplicado el volumen de sus importaciones de 2,3 a 4,4 millones de cubiertas, provocando una entrada masiva en Europa (que ha pasado del 13,2 al 20,9 %) y repercutiendo en la cantidad de unidades vendidas y en los precios del mercado europeo.
Finalmente, la Comisión invita a las partes interesadas a opinar (por escrito y con pruebas), reconociendo que escuchará a todas las partes interesadas. El registro expirará en nueves meses después de la fecha de entrada en vigor del reglamento.