Este es el objetivo del gobierno castellanomanchego para esta legislatura y que acaba de dar luz verde a la retirada de más de 4.700 toneladas de neumáticos alojados en tres depósitos ilegales de la comunidad.
El gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la retirada de más de 4.700 toneladas de neumáticos que habitaban en depósitos ilegales en la comunidad autónoma. En concreto son tres depósitos ubicados en Argamesilla de Alba, Yunclillos y Cervera del Llano los que durante las próximas semanas recibirán la visita de los operarios de la empresa pública Tragsa, que será la encargada de retirar todas las cubiertas que llevan años almacenadas de forma ilícita.
El objetivo del Gobierno es que al final de esta legislatura no quede “ni un solo depósito de neumáticos ilegales” en Castilla-La Mancha, tal y como ha recordado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien también ha añadido que “de esta manera cumplimos el compromiso del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page“.
Con la retirada de 2.798 toneladas en Argamasilla de Alba, el depósito ilegan todavía abierto más grande de la región, en Yunclillos 1.493 toneladas y en Cervera del Llano 472 toneladas, el gobierno invertirá más de 814.000 euros. Martínez Arroyo ha explicado que, en este caso que la cuantía supera los 500.000 euros, ha tenido que ser autorizado por el Consejo de Gobierno. No obstante, el ejecutivo tiene claro que ese dinero se recuperará, mediante la posterior repercusión del coste en los particulares propietarios de los terrenos de estos depósitos y la futura venta de dichos residuos a plantas de reciclaje.
Por otro lado, el consejero de Agricultura ha recordado que “con la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que estará en período de exposición pública a partir de este mes de octubre y que el Gobierno espera tener aprobada antes de que finalice esta legislatura, las empresas que a partir de ahora gestionen residuos tendrán la obligación de depositar una fianza en base al grado de peligrosidad de los residuos que gestionen cuando quieran instalarse en la comunidad castellanomanchega. De tal manera de que en el caso de que existiera cualquier problema ambiental, será la empresa la que corra con los gastos de la gestión de dichos residuos o de la restauración medioambiental en sus explotaciones o naves industriales”.
Recordemos que, tras los incendios del vertedero ilegal de Seseña (Toledo), Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en mostrar públicamente su intención de aprobar esa Ley de Economía Circular, cuyo borrador pasará estos días a ser información pública ante posibles mejoras y revisiones, antes de que sea aprobada por el Consejo de Gobierno previsiblemente el próximo noviembre.
