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Aprobado el anteproyecto de la Ley que prohibirá los coches de combustión en España

Por Tania Alvarez
El Gobierno ha anunciado que elaborará también una "Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada" que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) por el que se regirá el proceso de descarbonización de la economía de nuestro país y, por tanto, la prohibición de los vehículos ligeros de combustión en el parque automovilístico español.

2050 ha sido la fecha elegida, según este borrador, para poner fin a este tipo de coches, con el objetivo de reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación a los niveles de 1990, así como conseguir que el 70 % de la electricidad generada en España proceda de energías renovables.

Este marco normativo apuesta por la movilidad sostenible: “En España, el transporte es responsable de más del 26 % de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1 % de los de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud”, destacan desde el Gobierno. De modo que en 31 años, “los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de  conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones 0gCO2/km”.

Una medida que en Baleares ya se ha aprobado, como ley autonómica, según la cual se prohibirá la circulación de coches nuevos diésel para 2025 y de gasolina para 2035.

Tras este trámite, tal y como informa el Ejectuvio, “el anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado y, una vez incorporadas las correspondientes aportaciones resultantes del proceso -que tienen fecha límiete de 22 de marzo- volverá al Consejo de Ministros para su aprobación”.

Paralelamente, el Gobierno ha anunciado que elaborará una “Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada” que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años; a la desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte; y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

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