Tras casi un lustro exigiéndole al titular de la empresa que desarrolla su actividad en este vertedero, ubicado en Jabalquinto, tomar medidas correctoras para evitar una tragedia medioambiental, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto, retirando estos días las miles de cubiertas del lugar.
Un Juzgado de Linares (Jaén) ha ordenado a la Junta de Andalucía la retirada de los miles de neumáticos usados almacenados en un cementerio ubicado en el municipio de Jabalquinto. La medida judicial se ha adoptado tras la denuncia presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos Medioambientales, “al entender que hay indicios de que la actividad que se desarrolla en esas instalaciones incumple la normativa vigente y constituye un peligro para la seguridad de las personas y para el medioambiente, sobre todo, en caso de incendio”, tal y como informa Diario Jaén.
Mientras, el autor de la empresa que ha desarrollado allí su actividad hasta la fecha está siendo investigado por un posible delito ecológico. Éste, como responsable de gestionar la instalación, “ha declarado en defensa de la legalidad de su negocio y no considera estar cometiendo delito alguno”.
Las cubiertas fuera de uso que yacen en el lugar en el que estos días siguen los operarios de Tragsa, empresa a la que la Junta andaluza ha encargado la retirada, han sido objeto de denuncias por parte de la Administración autonómica durante casi un lustro. En 2014 se puso la primera denuncia a la que la empresa tuvo que hacer frente con una multa. Sin embargo, las medidas correctoras exigidas que la acompañaron fueron desobedecidas por la misma, pese a concederle una moratoria de 18 meses para cumplirlas.
Dos años más tarde, se volvió a sancionar a la empresa propietaria del almacén. Y, tras la tragedia ocurrida en Seseña en mayo de 2016, se le impusieron una serie de medidas urgentes que la compañía, en esta ocasión, sí que llevó a cabo; además de prometer que finalizaría su actividad antes de 2019.
Asimismo, y por su parte el Seprona también realizó un informe a finales de 2017, en el que se volvían a poner de manifiesto las supuestas irregularidades de la actividad del que hoy se enfrenta por lo penal a un delito contra el medioambiente.
