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Un millón y medio de euros le costará a la Junta retirar todos los neumáticos antes de final de año

Un millón y medio de euros es lo que la Junta de Andalucía tendrá que desembolsar para la retirada de los miles de neumáticos fuera de uso que han dado vida durante año al cementerio ilegal del municipio de Jabalquinto (Jaén). Un depósito en el que se habrían llegado a acumular casi 14.000 toneladas de neumáticos fuera de uso, ocupando un espacio de 80.000 metros cúbicos.

En ampliación de la información por parte de Diario Jaén, "el problema es que muchos de esos neumáticos son muy antiguos, anteriores a la normativa actual que establece la gestión de su reciclaje. La empresa, que se dedica a la venta de este material ya recauchutado a África y Sudamérica, lo fue acumulando durante años hasta que se convirtió en un depósito descontrolado". El gestor de la compañía está siendo hoy investigado, tal y como informamos la pasada semana, y se enfrenta a un delito ecológico.

La Junta, por su parte, y tras la orden emitida por un Juzgado de Linares en la que ordenaba la retirada de los miles de neumáticos usados almacenados en el lugar, ante el posible problema medioambiental y de salud que pudiera ocasionar, ha encargado a Tragsa las labores y ha afirmado que la intención es tenerlo limpio para finales de año, ya que el plan de cierre del depósito sería de diez meses.

La delegada provincial de Medio Ambiente, Soledad Aranda, ha explicado que la factura será repercutida al empresario "cuando llegue el momento"."Nosotros estamos acatando la orden judicial y estamos procediendo a la retirada de todo el material allí almacenado”, asegura. El gran problema es que "estamos teniendo dificultades para encontrar esas plantas de recepción de neumáticos para su reciclaje, ya que están saturadas”, asegura la responsable de la Junta de Andalucía. 

Recordemos que en 2014 se puso la primera denuncia a la que la empresa tuvo que hacer frente con una multa. Sin embargo, las medidas correctoras exigidas que la acompañaron fueron desobedecidas por la misma, pese a concederle una moratoria de 18 meses para cumplirlas.

Dos años más tarde, se volvió a sancionar a la empresa propietaria del almacén. Y, tras la tragedia ocurrida en Seseña en mayo de 2016, se le impusieron una serie de medidas urgentes que la compañía, en esta ocasión, sí que llevó a cabo; además de prometer que finalizaría su actividad antes de 2019.

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