Según los datos obtenidos por la Asociación Empresaria para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículo a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) las ventas de los vehículos eléctricos siguen un ritmo de crecimiento insuficiente para cumplir con la senda de descarbonización.
Para ser exactos, los datos indican que las matriculaciones de estos vehículos han subido un 87 % durante el mes de julio y acumulan un aumento del 125 % desde que comenzó el ejercicio. Sin embargo, las matriculaciones apenas representan un 0.6 % del mercado, lo que se aleja de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima-PNIEC, que tenía como propósito alcanzar en el 2030 un total de cinco millones de vehículos eléctricos en circulación, es decir, un 15 % del parque móvil.
El 65 % de los eléctricos matriculados hasta el mes de julio han sido destinados a flotas y, tanto Ganvam como Aedive, apuestan por medidas de corte fiscal que ayuden a las empresas a la electrificación de la flota. También, abogan por que la deducción en el rendimiento en especie para vehículos de empresa eléctricos puros sea de al menos el 50 % o permitir que aquellos vehículos cuyo precio antes del IVA supere el techo establecido para las ayudas puedan computar con el coste máximo establecido.
Por otro lado, según indican ambas asociaciones, es necesaria la puesta en marcha de medidas específicas, como puede ser la eliminación o reducción del IVA para que el precio pueda rebajarse o que no se consideren las ayudas a la compra como rendimientos del trabajo que haya que computar al año siguiente en la declaración de la renta. Todo esto surge a la hora de tener en cuenta que el canal particular únicamente representa a tres de cada diez de las compras de coches eléctricos.
Así, ambas asociaciones son consciente de que el Plan Moves no está funcionando como debería, por lo que urge un replanteamiento. Consideran necesario un programa estatal con bases y convocatoria única en lugar de apostar por un funcionamiento territorial, así como una revisión de las exigencias de achatarramiento.
