Sigaus recuerda que los productores de aceites usados deben extraer y almacenar el residuo evitando fugas y derrames debido a su alto poder contaminante, y deben entregarlo, posteriormente, a un gestor autorizado.
Los talleres de automoción deben cumplir con una serie de obligaciones legales con respecto a los aceites industriales usados. La gestión de estos residuos está recogida en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En ella se especifica que los talleres están considerados centros de producción de residuos peligrosos, por lo que deben darse de alta como tales productores en el registro de la comunidad autónoma correspondiente.
Sigaus (el Sistema de gestión de aceites industriales usados en España) recuerda que los productores de aceites usados, como los talleres de automoción, deben extraer y almacenar el residuo evitando fugas y derrames debido a su alto poder contaminante, y deben entregarlo, posteriormente, a un gestor autorizado. Además, los talleres deben tener en cuenta los siguientes requerimientos, tal y como exige la normativa anteriormente mencionada:
El aceite usado debe ser extraído correctamente y almacenado en depósitos adecuados con etiquetas identificativas para evitar confusiones con otras sustancias u otro tipo de residuos.
Una vez almacenado, el aceite usado no debe mezclarse con agua ni con otros residuos no oleaginosos.
Los talleres deben disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello. De igual modo, los depósitos de almacenamiento deben estar cerrados adecuadamente para evitar fugas o derrames, especialmente los depósitos subterráneos.
En un plazo máximo de seis meses, se debe contactar con un gestor autorizado que se encargue de recoger y trasladar el residuo a un centro de tratamiento especializado.
Asimismo, está prohibido cualquier vertido de aceites usados en agua o suelo, así como cualquier tratamiento del residuo que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.
